Vacunas COVID y desigualdad

El coronavirus ha monopolizado por completo nuestros temas de conversación los últimos años, 2021 comenzó todavía inmerso en la pandemia de COVID, pero también lleno de esperanza ante la posibilidad que ofrecían las vacunas que, desde el final del año anterior, estaban ya probándose, algunas de ellas utilizando innovadores avances científicos como el ARN mensajero (algo que, por otro lado, podemos agradecer a los estudios de una mujer, Katalin Kariko).

Sin embargo, la carrera por conseguir la inmunidad y frenar los casos más graves de la enfermedad, tras las elevadas cifras de mortalidad hasta enero de este año, no ha estado libre de obstáculos. Además, y pese a su clasificación como pandemia por la OMS, aludiendo a su propagación mundial, la campaña de vacunación ha revelado la importancia de las desigualdades sociales en el ámbito de la salud, algunas de ellas ya patentes en otros efectos de la pandemia.

La #campañadevacunación ha revelado la importancia de las desigualdades sociales en el ámbito de la salud, algunas de ellas ya patentes en otros efectos de la pandemia.

El factor geográfico y los desabastecimientos de vacunas

Tanto a nivel global como en nuestro país, la distribución de la vacuna se ha realizado de forma desigual. A lo que hay que sumar la incertidumbre producida por los posibles efectos secundarios que ha llevado a frenar la campaña en algunos países o a cambiar los grupos de población que podrían recibirlas, especialmente la conocida como AstraZeneca. Inicialmente, cuando solo estaba disponible la vacuna de Pfizer, se atribuyeron los problemas a las estrictas condiciones de conservación requeridas, aunque posteriormente, con la aprobación de otras vacunas con condiciones menos estrictas, se ha comprobado que no era este el factor principal.

Imagen de Viales de la vacuna para COVID, destaca a la izquierda el vial de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech mientras otros viales a la derecha aparecen con las etiquetas borrosas.
Imagen de Viales de la vacuna para COVID19, destaca a la izquierda el vial de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech mientras otros viales a la derecha aparecen con las etiquetas borrosas.

La diferencia principal se encuentra entre los países considerados ricos (la Unión Europea, Reino Unido o EEUU), y los países más empobrecidos. Un ejemplo de esta desigualdad lo encontramos en el país que lidera las vacunaciones a nivel mundial: Israel, donde el viernes 9 de abril se habían administrado más de 10 millones de la vacuna de Pfizer, lo que representa un 54% de su población con las dos dosis recibidas. Sin embargo, en Palestina solo han recibido 20.000 dosis. Destinadas a trabajadores palestinos en territorio israelí, mientras que la franja de Gaza sigue sufriendo el bloqueo y sus consecuencias en el ya debilitado sistema sanitario: el aumento de los casos y la mortalidad por COVID. A esto hay que añadir las dudosas condiciones que han permitido a Israel disponer del necesario abastecimiento, incluyendo la cesión de datos personales y el pago de un precio desorbitado (40% superior al pagado por la UE) por cada dosis, una cantidad no asequible para muchos otros países, y que nos coloca de nuevo ante la evidencia de que, con el sistema actual, los intereses del capital están por delante del derecho a la salud: “Tanto tienes, tanto vales”.

Ante esta situación, organizaciones como Médicos Sin Fronteras apuestan por la suspensión temporal de las patentes, no solo de las vacunas, sino también de pruebas diagnósticas y tratamientos, con el fin de impulsar su producción y por tanto el acceso a los mismos por parte de un mayor número de personas. La asociación española Salud por Derecho denuncia además la falta de transparencia en los procesos de desarrollo y de fijación de precios. También la Organización Internacional del Comercio se ha mostrado a favor de establecer mecanismos de colaboración, que permitan una fabricación y distribución a mayor escala y con ello un aumento de la accesibilidad.

En España, el diferente ritmo de vacunación es evidente entre las diferentes comunidades autónomas, incluyendo casos de corrupción en algunas de ellas para “colar” a cargos en las listas de personas prioritarias, siendo el de Murcia el caso más sonado con más de 400 personas vacunadas sin respetar los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad, por delante de trabajadores del sector sanitario y otros grupos vulnerables.

Aunque según las autoridades sanitarias, el número de vacunas distribuidas a las Comunidades Autónomas es proporcional a las necesarias por su población, según DiarioFarma esto no ha sido así, y las remesas recibidas no estarían correlacionadas con la población de mayor edad o las personas dependientes en residencias, que son poblaciones prioritarias junto con los sanitarios a la hora de recibir la vacuna. Además, la incertidumbre del suministro y los diferentes modelos de gestión han dado lugar a grandes diferencias en los ritmos de vacunación entre los grupos de edad, ya que algunas Comunidades han preferido asegurar la administración de la pauta completa reservando las vacunas necesarias, mientras otras han intentado administrar la primera dosis a la mayor cantidad de gente posible, con lo que se han visto obligadas a reducir el ritmo de vacunación ante la falta de suministros posterior.

Género y origen, factores de riesgo.

Como hemos mencionado antes, en el último mes se ha generado una alarma a través de los medios de comunicación en relación con los posibles efectos secundarios de una de las vacunas utilizadas, la popularmente conocida como AstraZeneca. La aparición de efectos secundarios tales como diarrea, fiebre o dolor muscular es común en muchas vacunas, y suelen desaparecer a los pocos días. Sin embargo, el reporte de casos de trombosis asociados a niveles bajos de plaquetas, en algunos casos con fatal desenlace, sembró la alarma en varios paises europeos como Islandia, Noruega y Dinamarca que fueron los primeros en suspender las campañas con esta vacuna seguidos, entre otros, por España. Según la Agencia Europea del Medicamento, la mayor parte de estos casos fueron reportados por mujeres menores de 60 años, en las dos semanas posteriores a la recepción de la primera dosis, lo que puede deberse a las diferencias en la respuesta inmune de las mujeres, que las hace más vulnerables a estos efectos secundario.

Esto nos lleva a recordar que la disparidad de género es común en el ámbito de la salud. No podemos olvidarnos de las desigualdades en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades en función del género del paciente, aunque lo que ahora nos atañe es la influencia del género en los procesos de testeo de medicamentos, ya que las mujeres respondemos de forma diferente no solo a la propia enfermedad (en relación a la respuesta inmune) sino también a los fármacos que se utilizan contra ellos.

En relación con la distribución de la vacuna de COVID, la vulnerabilidad de las mujeres está también ligada a su papel en los roles de cuidados, trabajos que realizan demasiado a menudo con remuneraciones ridículas y en condiciones nefastas, que además son difíciles de mejorar. Al comienzo de la pandemia, muchas de estas mujeres, migrantes irregulares, no tuvieron acceso a EPIS, e incluso fueron encerradas en las casas en las que trabajaban. Ahora, a pesar de seguir atendiendo a personas vulnerables, no están contempladas como grupo prioritario para la vacunación, al ser consideradas personal de cuidados no profesionales a personas con discapacidad.

Pero no son las únicas que no serán llamadas a vacunarse, En España, se calcula que hay más de 500.000 personas en situación administrativa irregular, además de aquellas que se encuentran en tránsito hacia otros paises. Estas personas, que no disponen de tarjeta sanitaria, no existen para el sistema, y dependen de las decisiones que se tomen en cada región, tal y como denuncia la plataforma Yo Si Sanidad Universal.

La discapacidad en las campañas de vacunación

Las personas discas son también un colectivo especialmente vulnerable, considerado prioritario en los grupos de vacunación. Entre ellas, las afectadas por inmunosupresión, enfermedades neurológicas, o esclerosis lateral amiotrófica (ELA), entre otros, representan colectivos de especial riesgo al requerir el apoyo de otras personas en sus tareas diarias, además de precisar visitas más frecuentes a centros sociosanitarios, que pueden ser focos de contagio. Así parece lógico exigir que entren dentro de los grupos principales de vacunación, garantizando su bienestar. Pero también parece lógico garantizar el acceso universal a esa vacunación.

Ya que otras dificultades para las personas discas están relacionadas con el acceso a los centros donde se administran esas vacunas, ya que algunas de las Comunidades Autónomas están sugieriendo la instalación de “Vacunódromos” en centros deportivos, parkings y otras instalaciones, ante el rechazo del personal médico, que aboga por el papel de los centros de salud primaria por su cercanía y por disponer del personal e instalaciones adecuadas. Así por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han habilitad el nuevo hospital Isabel Zendal, junto con el estadio Wanda Metropolitan, para vacunar de forma masiva, con un grave inconveniente: su escasa accesibilidad, por su lejanía al centro de la ciudad, y las pocas posibilidades de llegar a través del transporte público, a lo que se suman largos periodos de espera de pie a la intemperie.

Conclusiones

La situación de la pandemia y los retrasos y trabas en el abastecimiento de las vacunas contra el COVID19 han hecho patente la necesidad de I+D+i y de producción de tratamientos públicos y un replanteamiento del sistema de patentes, considerando las innovaciones en salud como bienes públicos, especialmente cuando se trata de una emergencia a nivel mundial, y cuando la investigación se ha realizado utilizando fondos públicos, para asegurar que el derecho a la salud sea efectivo para todes.

Al final hablamos de una socialización de la salud a nivel mundial, que cualquier persona en cualquier lugar pueda acceder en igualdad de condiciones a un nivel de salud adecuado y que no dependa como siempre de los organismos gubernamentales como ocurre actualmente en países como Estados Unidos. Porque tampoco es justo que los más ricos puedan hacerse con una gran cantidad de vacunas y jugar con la salud de los más vulnerables, especulando a su vez con los precios de la vacuna, los tratamientos y las pruebas diagnósticas.

Fuentes

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: