Esta es una modificación del correo que envié al apartado de participación del Ministerio de Igualdad con motivo de la consulta previa a la elaboración de una Ley de Igualdad Trans. La presento aquí como carta abierta para plantear lo que yo entiendo que son pasos fundamentales para lograr una igualdad básica a partir de una perspectiva de clase y de género, para empezar. Para mí, representa una «agenda trans».
Nota de la autora
En la página del Ministerio encontrarás un documento base para informarte en torno a los pilares de la Ley de Igualdad Trans tal y como se está trabajando. Puedes enviar un correo hasta el 18 de noviembre para dar tu punto de vista o, simplemente, mostrar tu apoyo a esta necesidad. Pedimos que si apoyas la igualdad real, apoyes esta ley y ayudes a que las vidas de miles de personas sean un poco mejores.
Mi carta, nuestra carta.
Buenos días,
Mi nombre es Rosa María García (ella/ elle). Soy una activista trans no binaria y me dedico formalmente a investigar y a traducir, e informalmente al acompañamiento de mi comunidad y el estudio de sus necesidades. También me dedico a la divulgación y la comunicación social en torno al feminismo, el marxismo y las realidades LGTBI, tanto en redes como en algunos medios digitales, siempre de manera no profesional.
Sin embargo, mi nombre legal no es Rosa María García, aquel que llevo usando y exigiendo para mí durante más de dos años; es otro. Llevo más de año y medio en un tratamiento hormonal que sólo comencé porque era la única vía que se me ofrecía, ya que sólo recibía apoyo de la que ahora sé que es, y agradezco que sea, mi comunidad. He tenido la suerte de que este tratamiento me ha ayudado mucho a vivir y a mejorar, tanto en relación a les demás como en relación, especialmente, a mí misma. Sin embargo, sólo me vi forzada a comenzar a tratarme hormonalmente bajo la presión de la legislación de cambio de sexo registral de 2007, llamada erróneamente y de manera interesada por algunas personas «ley de identidad de género».
«La legislación de 2007 estaba incompleta, y nació con un importante desfase con respecto tanto al movimiento trans y sus demandas como con respecto a los estándares internacionales, en este caso los Principios de Yogyakarta (2006)».
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La legislación de 2007 estaba incompleta por muchas razones, y nació con un importante desfase con respecto tanto al movimiento trans y sus demandas (que fechaban de 1992, ni más ni menos) como con respecto a los estándares internacionales, en este caso los Principios de Yogyakarta (2006). No se trata simplemente de que el Comisario Europeo de Derechos Humanos declarara en 2009 la identidad de género como un factor de discriminación y por tanto como un derecho a proteger; es que, para los años ochenta del siglo pasado, Suecia, Alemania e Italia ya permitían el cambio de sexo administrativo. Debido a la dictadura franquista y su moral nacional-católica no ha sido posible que en España se diera una situación parecida, pero no deja de ser cierto que la presión del Partido Socialista acompañó, ya en el primer post-franquismo, esta vergüenza histórica. Hemos de agradecer estos avances a la comunidad trans y a los colectivos LGTBI, feminista y anti-capitalista; y hemos de poner toda nuestra fuerza en que estas garantías lleguen y se cumplan, siempre con la vista puesta en situar y arrancar la raíz de las condiciones opresivas que vivimos. Es por ello que una ley de igualdad trans no puede quedarse en la superficie, sino que tiene que servir para empujar en la búsqueda de una sociedad para el común.
Para ello, sería adecuado que una institución nacional, en parte constituida y en parte reforzada por personas trans, coordinara los esfuerzos en cuestión de recogida y tratamiento de la información sobre la situación de la comunidad, recomendaciones (tanto generales como específicas), investigación y divulgación para el propio apoyo de las personas trans.
«Una ley de igualdad trans no puede quedarse en la superficie, sino que tiene que servir para empujar en la búsqueda de una sociedad para el común.»
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La autodeterminación del género es una herramienta jurídica necesaria para reconocer nuestro derecho a ser en igualdad de condiciones. Da cabida, para comenzar, a las personas trans en igualdad a las cis, más allá de modificaciones corporales típicamente asociadas a un imaginario sexista que todavía hoy está demasiado extendido. Bien construido, permite el reconocimiento de las realidades que no caben en el binarismo. Esto no sólo es importante en la medida en que no se deben fiscalizar expresiones de género no normativas sino porque, de hecho, existimos ─y no somos pocas─ las personas que expresamos una identidad no binaria, usando a menudo, aunque no necesaria o solamente, un tercer pronombre: «elle». Por supuesto, son necesarios estándares para la atención de las personas trans, no normativas y no binarias en particular, pero para eso debe haber un reconocimiento social previo. La transfobia golpea de manera muy dura a aquelles que no encajamos con las ideas binarias sobre el cuerpo o el género, de manera que podemos ver en los distintos medios (periódicos y redes sociales, series, libros, videojuegos) cómo no sólo se nos olvida sino que se nos ridiculiza y se nos malgeneriza. Por esto hace tanta falta que una ley de igualdad trans incluya en su reconocimiento y defensa a las personas no binarias, promoviendo estudios sobre nuestra exclusión y planteando recomendaciones y buenas prácticas asociadas al trato hacia nosotres.
Esta igualdad lleva consigo la despatologización, que aparece recogida como solución a uno de los problemas fundamentales en la vida de todas las personas trans. Esta despatologización es necesaria no sólo porque, sencillamente, ser trans no es una enfermedad, sino porque pone las bases, por primera vez en nuestra historia, para dar un apoyo real a las personas trans y no normativas en el ámbito psicológico, asumiendo que existen relaciones complejas y diversas con la identidad y la expresión de género. El reconocimiento explícito de que no existe una incongruencia real entre cuerpo e identidad como tal ─este lenguaje es vago e inexacto en el mejor de los casos─ permite una atención psicológica basada en dar las herramientas adecuadas, las condiciones óptimas, para la reflexión, la exploración y los cambios que deban ser, y no en la supuesta corrección («terapias de reconversión») de nuestras realidades. Se conoce sobradamente el papel demoledor que tiene esta clase de atención en las vidas trans, y especialmente en las infancias y adolescencias trans. Es por ello que debe ser considerada internacionalmente una forma de tortura, y España debe contribuir a dar un primer paso en esta dirección. El apoyo psicológico profesional debe servir no para discriminar entre personas trans «de verdad» y «de mentira», sino para ayudar a concretar las necesidades particulares de acuerdo al contexto de la persona.
«El apoyo psicológico profesional debe servir no para discriminar entre personas trans «de verdad» y «de mentira», sino para ayudar a concretar las necesidades particulares de acuerdo al contexto de la persona».
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(Entiendo que la psiquiatrización sistemática del sufrimiento es otro problema que quizá no compete al Ministerio de Igualdad, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que tanto la psiquiatrización como la medicalización son dos fenómenos fuertemente feminizados, claramente construidos alrededor de fuertes filtros de género, clase, raza y, por si hacía falta decirlo, capacidad).
La formación y el tratamiento de las vidas trans desde todos los ámbitos de responsabilidad social deben estar apoyados en una ética y unos objetivos bien definidos, de manera que debe organizarse una auditoría que garantice que se ofrece un conocimiento real y actualizado, no patologizante, en todas estas actividades, que incluyen (pero no están limitadas a) la psicología y la sexología, la educación, la comunicación social, el trabajo social y los juzgados. Esta ley no va a tener capacidad para realizarse si no se integra en todas las capas sociales, de forma que tiene que llevar consigo el compromiso inevitable con un proyecto de Educación Sexual Integral, tal y como la misma UNESCO ha recomendado internacionalmente, y una propuesta para abolir, mientras sea posible, la segregación por géneros o, en caso de no poderse, asegurar que sean trans-inclusivos. De manera similar, la legislación tiene que plantear un Código Ético que permita establecer fronteras claras entre las buenas y las malas prácticas, y prever de manera especial una Guía de Atención válida para personas trans y no normativas y para profesionales, así como protocolos específicos para el trato hacia personas trans en los distintos ámbitos (así para el trato en hospitales, centros educativos, deporte, etc). Cualquier trabajo que se elabore en esta línea tiene que estar motivado y respaldado, para comenzar, en los estándares internacionales y los Derechos Humanos.
«Esta ley tiene que llevar consigo el compromiso inevitable con un proyecto de Educación Sexual Integral, tal y como la misma UNESCO ha recomendado internacionalmente».
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Resultaría contradictorio, por otra parte, que invoquemos estos avales para unas cosas y no para otras, con lo que no tiene mucho sentido que pidamos mejores condiciones en los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros) si el problema son, para comenzar, los propios CIEs. El simple hecho de que existan prisiones para personas migrantes es en sí producto del colonialismo histórico y el racismo estructural, fenómenos con los que hay que terminar. Este no es un trabajo de la Ley de Igualdad Trans, pero sí es un compromiso paralelo. También la revisión de las prisiones y su función real, que es la desaparición social de los sujetos excluidos: contemplar protocolos específicos para la atención de las personas trans podrá (si es que somos optimistas) atenuar la violencia recibida dentro de las prisiones, pero no acabará con las condiciones que las llevan allí. Es necesario un trabajo exhaustivo que permita plantear un horizonte en el que las políticas de encierro (en CIEs, prisiones, residencias y psiquiátricos) dejen de existir, y las instituciones que las dotan de sentido sean abolidas.
«Es necesario un trabajo exhaustivo que permita plantear un horizonte en el que las políticas de encierro (en CIEs, prisiones, residencias y psiquiátricos) dejen de existir, y las instituciones que las dotan de sentido sean abolidas».
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Como feminista y como comunista, estoy segura de que nada de esto puede tener sentido al margen de una transformación radical en el régimen de cuidados actual. Por supuesto, esto no es algo que se le pueda pedir a un Ministerio, por mucho que sea el de Igualdad; se trata de una labor común, y creo que se puede adivinar ya que no pienso que esto pueda darse si no es en otro momento histórico. Sí creo que este Ministerio, si es atrevido como hemos acostumbrado a ser las feministas, puede comenzar a cambiar algunos de sus puntos clave, o al menos a visibilizarlos y situarlos como elementos fundamentales de un debate público.
Para comenzar, la idea de que las personas menores son propiedad de sus progenitores (y no personas por derecho propio) está en la base de muchas formas de maltrato al colectivo de menores. En este caso, la infancia y la adolescencia trans están sujetas a una dependencia casi total, de manera que el armario es en muchos casos la opción más segura para muchas de estas personas. En estas situaciones, el parche más sencillo consiste en promover espacios seguros alternativos a la residencia familiar (especialmente dedicados a las comunidades LGTBI); pero no se puede esperar que un conflicto que ha sido creado por una de las partes termine sin consecuencias graves mientras no actúen los poderes públicos. Siendo situaciones complejas y delicadas, la Proposición de Ley contra la discriminación LGTBI propuesta por el grupo de Unidas Podemos en 2017 (art. 10. d) sugería poner «viviendas tuteladas [a] disposición de los menores en situación de riesgo hasta que puedan ser considerados autónomos por los equipos psicosociales. Podrán acogerse a dicho recurso las/los adolescentes y jóvenes LGTBI que hayan sido expulsados de sus domicilios familiares o que se hayan marchado de los mismos para huir de la violencia sufrida».
Siendo las viviendas uno de los bienes más necesarios para el mantenimiento de la vida humana y más sobre-producidos en las últimas décadas en este país, resultaría extraño que un gobierno decente no se ocupara de ponerlas a disposición de los colectivos que más las necesitan: mujeres (cis y trans) y personas trans víctimas de violencias, personas sin hogar o sin recursos… El Instituto Nacional de Estadística declaraba en su Censo de Población y Viviendas en 2011 que había 3,4 millones de viviendas vacías en España, y el Ministerio de Fomento estimaba que entonces ya se estaban construyendo alrededor de 700.000 más. No es un absurdo, se trata de especulación: es un capital del que hay que sacar un rendimiento. Pero comprobamos aquí, y una y otra vez, que estos intereses son diametralmente opuestos a la vida humana. Un gobierno que quiera promover la igualdad y la reparación sociales para personas trans debe, por tanto, comprometerse con importantes cambios en el modo en que se piensan y legislan las propiedades.
«Un gobierno que quiera promover la igualdad y la reparación sociales para personas trans debe, por tanto, comprometerse con importantes cambios en el modo en que se piensan y legislan las propiedades».
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El régimen de cuidados actual está íntimamente asociado al régimen de trabajo capitalista, de modos complejos y profundos. No se trata simplemente de la avaricia de unos pocos propietarios o gerentes ni de los pecados del «capitalismo de amiguetes», sino de las lógicas que se siguen del hecho de que nuestra vida social gire alrededor de la figura de la mercancía. En el fondo, «el subsistema económico del capitalismo depende de actividades de reproducción social externas a él, que constituyen una de las condiciones primordiales que posibilitan su existencia». El capital es una forma de relación social que parasita y depreda la vida humana como tal, y lo hace fundamentalmente a través del trabajo; la forma de trabajo que domina en una sociedad creada alrededor de las mercancías, sin embargo, es una forma de trabajo forzado, es un modo de nueva esclavitud. Es por esto que hace falta un compromiso estratégico para terminar con estas lógicas, en la línea de un decrecimiento ecofeminista. Se trata de un principio fundamental hoy, que nos ha aportado el pensamiento feminista: establecer las condiciones para poder establecer nuevas posibilidades anti-capitalistas.
«Hace falta un compromiso estratégico para terminar con las lógicas capitalistas, en la línea de un decrecimiento ecofeminista».
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Otra institución que violenta especialmente a las mujeres trans y a las personas transfemeninas en general es el trabajo sexual, que sitúa la sexualidad de las mujeres como un valor que pueden comprar los hombres. Esto no sólo juega un papel importante en la construcción de determinadas formas de masculinidad, cuyo deseo queda legitimado en detrimento del interés femenino; es también, y especialmente, un trabajo al que muchas mujeres se ven forzadas por sus propias circunstancias materiales. Cerrar los establecimientos en los que se prostituyen muchas mujeres o permitir ordenanzas por las cuales son perseguidas (especialmente las mujeres migrantes y con cargas familiares) no va a cambiar sus necesidades económicas ni las complicaciones para cubrirlas en la «economía oficial» pero, como han denunciado las propias trabajadoras sexuales, sí que va a dificultar las condiciones en las cuales tengan que prostituirse o dedicarse a otras formas de trabajo sexual para conseguir dinero. El ideario higienista puede tener cierto éxito en tiempos de coronavirus, pero su moral prohibicionista también contribuye a los riesgos (violencia física, VIH, embarazos) que recaen siempre en las trabajadoras sexuales y, desde luego, no ayuda en ningún sentido a terminar con las condiciones capitalistas y patriarcales que construyen la institución del trabajo sexual. Por el contrario, las cicatriza dentro del ideario feminista e inmoviliza las políticas capaces de transformar esta institución.
Igualmente, se trata de repensar el reparto de los roles de trabajo y, más allá, de transformar el propio trabajo como medio social. En esta dirección deben apuntar los compromisos para fomentar el trabajo útil como propiedad pública o común (en contraposición al trabajo abstracto específico del capitalismo) y el tiempo de ocio, y la lucha por redefinir los cuidados y el rol de las familias, y con ello el de los hombres; se trata de aceptar formas plurales de familia, no necesariamente ancladas en la reproducción genética o en herencias ideológicas de esta. Se trata de cambiar el modelo de investigación en todos los aspectos para favorecer a las personas (trans, en este caso) y no al bolsillo de cuatro parásitos bien alimentados.
No voy a extenderme más en estos puntos, que llevarían consigo mucho más esfuerzo del que creo que está en las manos de este Ministerio, pero sí quiero destacar la necesidad de que esta Ley de Igualdad Trans sea ambiciosa y permita abrir espacios de discusión para los otros temas abordados en esta carta. La vulnerabilidad social que atraviesa a nuestra comunidad, y especialmente a aquellas otras que son excluidas desde otras perspectivas sociales, no va a resolverse si no es desde un enfoque integral, que permita situarlas todas y abolirlas.
Un saludo,
Rosa María.
Conclusiones
Como asociación os animamos a que respondáis al llamado de apoyar esta ley, y si está en vuestra mano, que aportéis más propuestas que las ya mencionadas en esta carta. Es importante avanzar construyendo en común, y todo lo propuesto en la ley del grupo Unidas podemos es necesario, pero no podemos quedarnos solo en eso.
Porque las problemáticas de las personas trans y no binarias son muchas más que las dispuestas en esta ley, y muchas de ellas no dependen de una ley sino de una reestructuración total de la sociedad. Las feministas luchamos por esa restructuración, conseguir esta ley solo es un paso por el buen camino.
Rebelión Feminista 